Foto por Sergio Camacho Lannini.

Foto por Sergio Camacho Lannini.

Por Olga L González.

El Ministerio de Trabajo de Colombia anunció que empezará a diseñar una política pública sobre prostitución. El caso francés, donde no se penaliza a las prostitutas pero sí se penaliza al proxeneta y al cliente y donde no existen burdeles, es poco conocido en Colombia. Estos son los últimos avances de la situación francesa.

El 6 de abril de 2016, después de dos años de discusiones y luego de examinar leyes de otros países, el parlamento aprobó la ley que reglamenta la prostitución en Francia. Este país decidió seguir la política “neo-abolicionista”. La misma de Suecia, Noruega, Islandia y Reino Unido, e ir en contravía de lo que hacen países como Alemania y Holanda.

Un punto central de la ley -que dividió a los congresistas y agitó el mundo de los militantes franceses- fue la penalización del cliente. ¿En qué consiste? En su parte penal, la ley afirma que quienes compren relaciones sexuales tendrán una multa de máximo 1.500 € (puede ascender a 3.750 € en caso de reincidir). Si la prostituta es menor de edad o tiene alguna discapacidad, la multa ascenderá a 45.000 €.

¿Y las prostitutas? (empleo el femenino por tratarse de una mayoría de mujeres). Pues bien, no se les persigue ni se les penaliza, se les protege más: la ley eliminó el delito de racolage (enganche del cliente) que Sarkozy, como ministro del Interior, había introducido en el 2003 (esta es una medida típicamente prohibicionista).

La ley de 2106 considera que la prostituta es el eslabón más frágil del sistema: a las que deseen cambiar de actividad se les brindará un acompañamiento social. Se habla de un fondo para que estas personas puedan sacar adelante otro tipo de proyectos de vida. La ley dispone, además, que el dinero de los proxenetas y de quienes negocian con el cuerpo de terceras personas alimentará este fondo.

La ley profundiza el abolicionismo

La nueva ley mantiene los principios del abolicionismo: se siguen prohibiendo el proxenetismo y los burdeles, pero se refuerzan los mecanismos para ayudar a las personas que desean abandonar la prostitución. La novedad consiste en que ahora la sanción también se aplicará al cliente y en que se hace visible su participación en el sistema que alimenta la prostitución.

En otros artículos he explicado en qué consiste el (neo) abolicionismo, y en qué se diferencia del reglamentarismo y de la prohibición. Invito a leerlos, especialmente porque en Colombia (incluso en los Ministerios) se confunden estos términos, así como las políticas públicas relativas a cada posición. Aquí puede consultarlos: http://bit.ly/2rhvPWx y http://bit.ly/2rXR9CN

Sé también que en Colombia parece difícil imaginar una sociedad donde no existen los burdeles pero sí la prostitución. De hecho, Francia ha sido abolicionista desde 1946. Los burdeles y el proxenetismo están prohibidos por la ley desde hace más de 70 años. Y no es el único país que ha funcionado sin burdeles y con prostitutas.

La ley cambia los patrones culturales

Más allá de su aspecto penal, esta ley ha sido importante por su peso simbólico: concierne a la sociedad en su conjunto y no solo a los clientes, que son una minoría.

La ley se ha discutido en amplios círculos. Por ejemplo, la gente se ha puesto a pensar por qué es una mayoría de mujeres la que ejerce la prostitución, y por qué los hombres son la mayoría de los clientes. Se compara la situación de Francia con la vecina Alemania, donde ser proxeneta es legal y donde el número de prostitutas es entre 10 y 20 veces más alto que en Francia. Se ha empezado a entender que hay un tema de género en todo este entramado, y que no es casualidad ni es un destino divino el que las cosas se den así, y en cambio sí tiene mucho que ver el tipo de políticas públicas.

También, es más fácil ahora explicar en los colegios las cuestiones de género: los jóvenes varones saben que se espera de ellos un comportamiento de igual a igual con sus compañeras y son más respetuosos. Este nuevo equilibrio entre los sexos es una revolución. Ir “de putas” es visto por estos jóvenes como algo degradante con la mujer. Este cambio de actitud –que la ley vino a reforzar, pero que ciertamente ya germinaba gracias a la toma de conciencia de los derechos de las mujeres-, genera cambios positivos también en las jóvenes: ellas tienen ahora más valor para afirmarse como personas.

¿Qué dicen los clientes? ¿Los activistas? ¿Y las prostitutas?

En el aspecto penal, que tanto dividió a la sociedad francesa hace un par de años, hay dos cosas por decir: primero, las autoridades francesas no han sido muy estrictas en la aplicación de la ley. En cifras, es bajo el número de clientes que ha sido penalizado (y las multas rondan los 300€). La Policía considera que hay problemas mucho más graves que este que requieren su presencia (entre otras, ronda la “angustia de los atentados”).

Segundo, el tema ya no divide a la sociedad: por un lado, los clientes no hablan. De hecho, salvo frente a sus amigos y para ufanarse de su virilidad, a los hombres no les gusta decir que son usuarios de este sistema. Ellos saben que en la prostitución hay una desventaja social y económica, y que ellos compran el consentimiento de mujeres desfavorecidas por sus condiciones de sexo, clase y/o raza. Por esta razón, ellos no han reclamado para que se abrogue la ley.

Otra voz crítica que se ha apagado casi del todo es la de quienes afirmaban que la sociedad no puede dictar lo que se hace con el cuerpo. Este argumento provenía, a menudo, de activistas que seguían este tipo de razonamiento en otros ámbitos (por ejemplo, sectores feministas que defienden el aborto). Hoy, esto ya no se oye.

Se sigue oyendo el argumento de que ahora los clientes buscan a las personas que ejercen la prostitución en lugares apartados con el fin de evitar la Policía, y que esto aumenta los riesgos de salud. Esto es cierto a medias, porque en todos los casos, esta actividad es muy insegura. De hecho, esta es probablemente la actividad más insegura del mundo: los niveles de mortalidad y morbilidad son muy elevados entre quienes ejercen la prostitución. Con o sin penalización del cliente, hay un problema estructural. En cuanto a esconderse para acceder al cliente: es difícil saberlo con certeza. Lo cierto es que los lugares tradicionales de la prostitución de una ciudad como París siguen igual que hace un año (los bosques, la calle St Denis, los Bulevares exteriores y el barrio chino siguen siendo lugares de prostitución, aun a plena luz del día).

En realidad, el verdadero cuello de botella de la ley tiene que ver con las personas que ejercen la prostitución. Aclaremos que los decretos para darle vida a este aspecto de la ley fueron publicados apenas hace unos meses, por lo que su aplicación no ha comenzado y no se pueden aún evaluar. En estos decretos habrá un dispositivo para apoyar a quienes deseen abandonar la prostitución. Ahora bien, antes se requiere afrontar el problema de la irregularidad, es decir que quienes estén indocumentadas deben hacer gestiones para poder obtener sus papeles, formarse y obtener contratos de trabajo. En un país en donde el 90% de las prostitutas son extranjeras (y han venido a Francia con el proyecto de ejercer la prostitución), este es el verdadero desafío.

 ¿Y los derechos ligados al trabajo? ¿La salud?

El grado de cobertura para la protección de salud está subordinado en Francia a la situación de papeles, pero incluso las personas en situación irregular tienen derecho a un sistema de seguridad social de beneficiencia. El sistema funciona relativamente bien, porque los hospitales públicos aún funcionan en este país. Hay un seguimiento gratuito y profesional para quienes tienen enfermedades graves (como la diabetes o el VIH). En cuanto a los embarazos de las prostitutas, son atendidos como cualquier otro embarazo. Y pese a los recortes de los servicios públicos, aún existen centros para albergar a mujeres solas o embarazadas, y asociaciones (ONG) que las orientan.

En cuanto a los demás derechos laborales, las personas que ejercen la prostitución no suelen declarar su actividad. No consideran que esta actividad sea un trabajo como cualquier otro, así que no se declaran como “auto-emprendedoras” (el equivalente francés de “trabajador independiente”). No les gusta que sus nombres figuren en los archivos del Estado con su actividad. Tampoco declaran sus ingresos, y por lo tanto no pagan impuesto sobre estos (claro que sí pagan impuestos como el IVA, como cualquier otra persona).

En regla general, los extranjeros que llegan a Francia piden el asilo (si lo obtienen, es una garantía de que podrán vivir y trabajar legalmente en ese país). Esto vale también para las personas que ejercen la prostitución. Si se les admite como “solicitantes de asilo”, reciben una suma mensual. Si no, saben que pesa sobre ellos la amenaza de ser expulsados del país. La ley actual promete facilitar el acceso a los papeles si hay evidencias de que se está saliendo realmente de la prostitución.

En resumen, en nombre de la igualdad entre hombres y mujeres, el Estado francés busca la abolición de la prostitución. Considera que las prostitutas son el eslabón más frágil de un sistema. No se les persigue ni se les exige formalizar su actividad principal (contrasta esta situación con la de Alemania o Suiza, donde se les exige declarar su actividad, pagar impuestos sobre los ingresos, etc). Las asociaciones las asesoran en términos de salud, protección, derechos, etc (y distribuyen gratuitamente preservativos, esto a nombre la “prevención de riesgos”). En términos de derechos ligados a la salud, tienen el mismo nivel de protección que cualquier otra persona en su misma situación de papeles. Así, para las personas que ejercen la prostitución, el escollo real es obtener un título de estadía que les dé una ciudadanía que les permita trabajar en condiciones dignas y bien remuneradas.

Conclusión

En Colombia, las políticas públicas han sido:

La creación de “zonas de alto impacto” con la consiguiente proliferación de establecimientos dedicados al comercio sexual;

Las facilidades legales y los favores económicos para los dueños de burdeles;

La eliminación paulatina de delitos como el proxenetismo.

¿Estas políticas han redundado en un mayor o menor número prostitutas? ¿En una condena social o en una banalización social del proxenetismo? ¿En una situación de mayor o menor igualdad entre los sexos?

Con estas preguntas en mente, espero que la experiencia francesa acá expuesta sea de algún interés en el momento en el que se discute en Colombia la política pública.

* La opinión de las colaboradoras y los colaboradores es personal y no  necesariamente es la opinión ni la posición de la Red Colombiana de Periodistas con Visión de Género.

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