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Luego de tres años y medio laborando como periodista y editora para el periódico EXTRA Boyacá, el domingo 30 de julio tuve que hacer llegar a la oficina de personal del Grupo Editorial El Periódico, mi renuncia motivada por los hechos que a continuación explicaré.

El día 19 de julio recibí un memorando en el cual me señalaban lo siguiente: “se les había manifestado la ayuda total y directa al gobernador Carlos Andrés Amaya R. porque estamos convencidos de la capacidad, inteligencia y profesionalismo de llevar adelante el departamento para un mañana mejor de los boyacenses, por lo tanto, debe salir una noticia semanal de todo lo que está haciendo. En ningún momento criticando de él o de su Gobernación” (ver memorando).

Memorando 2

Teniendo en cuenta que estampar mi rúbrica en dicho documento era aceptar realizar un periodismo acomodado favoreciendo al Gobernador, en contra de mis convicciones y ética, me negué a firmarlo. Al día siguiente, 20 de julio, por no firmar el documento me solicitaron mi carta de renuncia que también me negué a presentar, ante lo cual decidieron consultar con el gerente nacional y me informaron que mi contrato iría hasta el 30 de julio con las funciones como editora general de EXTRA Boyacá.

Al día siguiente, 21 de julio, verbalmente me comunicaron que era degradada a periodista judicial, puesto en el que me había desempeñado desde febrero de 2014 hasta marzo de 2016 cuando fui nombrada como editora por experiencia y capacidades. Ante este cambio solicité las razones por escrito (ver correo solicitud) y su respuesta, el 24 de julio, fue enviarme un formato de descargos en el que preguntaron, entre otros, por qué se publicaban artículos que criticaban acciones del gobierno departamental, contrario a exaltarlas, y si tenía autorización para hacerlo (ver descargos).

Dada la presión psicológica así como la ‘mordaza’ que me impusieron con el propósito de controlar contenidos, decidí no seguir con la empresa. Debo mencionar que así como esta vez la orden fue no hacer críticas a la Gobernación, en meses pasados la orden verbal fue atacarla y no dar oportunidad de defensa, lo cual también me negué a hacer con la diferencia que para esa oportunidad no hubo memorando o llamado de atención escrito.

Por lo anterior, manifiesto que se está atentando contra la libertad de expresión y de prensa desde las directivas de la empresa y desde la misma Gobernación de Boyacá, porque considero que estas determinaciones no son gratuitas, conclusión que saco al preguntar ¿Por qué una empresa ajena a Boyacá utiliza su medio de comunicación para dar órdenes de beneficiar la imagen del Gobernador publicando una noticia favorable una vez por semana -periodicidad- y prohibiendo criticarle? ¿Qué ocurrió entre las directivas del periódico y la Gobernación para que la empresa periodística tomara este tipo de determinaciones que atentan contra el derecho a informar y a ser bien informado?.

Gina Rojas Hoyos

Comunicadora social y periodista.

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