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Bogotá, 19 de marzo de 2021 | La Red Colombiana de Periodistas con Visión de Género insta a los gobernantes que representan al Estado colombiano a cumplir sus obligaciones constitucionales de defender los derechos humanos y la libertad de expresión de la periodista Jineth Bedoya Lima.

Durante esta semana hemos visto con profunda preocupación la falta de voluntad política, compromiso y respeto del Estado colombiano con las mujeres sobrevivientes de violencia sexual y el periodismo, representadas en la actuación de la Agencia Nacional de Defensa Jurídica del Estado colombiano (ANDJE) frente al proceso que llevan Jineth Bedoya Lima y sus representantes el Centro por la Justicia y el Derecho Internacional (CEJIL) y la Fundación para la Libertad de Prensa (FLIP) ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) para determinar responsabilidad de Colombia en el continuum de violencias que ha enfrentado la periodista desde del año 2.000.

El pasado 15 de marzo, en la audiencia, Jineth Bedoya Lima relató los hechos que vivió en represalia por su trabajo periodístico una vez más y expuso la desidia e inacción permanente de las autoridades estatales frente a su protección, investigación de los hechos y la búsqueda de justicia y reparación integral. La ANDJE se retiró de la audiencia y recusó a la presidenta y los jueces -excepto uno- de la CIDH por su supuesta imparcialidad. El Estado colombiano no escuchó a la sobreviviente, la dejó sola, un mensaje revictimizante que en nada contribuye en la cultura de denuncia que es fundamental para las mujeres afectadas por violencias basadas en género.

Dos días después, el 17 de marzo de 2021, la CIDH declaró improcedente la recusación del Estado Colombia por su supuesta imparcialidad. Este mismo día, la ANDJE publica en redes sociales una carta dirigida a Jineth Bedoya en la que le propone “sentarse a dialogar y buscar una solución amistosa”. La comunicación de la ANDJE desconoce derechos constitucionales de respeto al debido proceso y el acceso a una justicia digna, transparente y correspondiente a la gravedad de lo sucedido. Además, constituye un “acto de hostigamiento y de litigio malicioso” como lo explica Jineth Bedoya, la CEJIL y la FLIP en su respuesta.

Ya la CIDH y organismos internacionales han manifestado su preocupación frente al mecanismo de conciliación de delitos de violencia contra las mujeres, en cuanto la conciliación o “diálogo amistoso” asume a las partes en igualdad de condiciones, ignora el estado de vulneración en el que se encuentra la víctima. A Jineth Bedoya se le siguen vulnerando sus derechos, ha recibo continuamente amenazas en contra de su vida, integridad personal y la de su madre porque decidió no guardar silencio sobre su caso y otros hechos relacionados que le han sido revelados como producto del trabajo periodístico investigativo que realiza.

La posición de Colombia es una forma de evadir el debate público sobre el incumplimiento de la defensa del derecho a la libertad de expresión, los derechos de las mujeres periodistas y las víctimas de violencia sexual en el conflicto armado, así lo expresó Viviana Krsticevic, directora de Cejil y abogada de Jineth Bedoya en una entrevista publicada por El Tiempo.

En la audiencia  del 15 de marzo, durante la presentación del caso, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos estableció que los hechos contra Jineth Bedoya ocurrieron en un “contexto de violencias contra periodistas, además del contexto de violencia sexual en el conflicto armado colombiano, al que están mayormente expuestas mujeres y niñas por razón de su género. Consideró que reconocer la violencia sexual y la violencia contra periodistas como método de violencia política es importante para alcanzar la igualdad de género y resaltó que este es el primer caso en que la CIDH tendrá la oportunidad de pronunciarse sobre el enfoque de género que los Estados deben adaptar para garantizar la seguridad de mujeres periodistas”.

La reparación que busca Jineth Bedoya es que el Estado reconozca y subsane los daños que por acción u omisión le han causado y que son una violación de sus derechos humanos y una manera de coartar su libertad de expresión. Solicitó la transformación de la cárcel la Modelo en un espacio de memoria para las víctimas de las violencias que allí se han perpetuado y la adaptación de medidas con enfoque de género que garanticen la protección de las mujeres periodistas por el ejercicio de esta profesión.

Nosotras, periodistas y comunicadoras instamos al Estado a responder y actuar para garantizar la justicia, protección y reparación que Jineth Bedoya, su madre y todas las mujeres que han vivido violencias por razón de género merecen. Queremos, como ellas, que este continuum de violencias, que no es un hecho aislado, acabe para que podamos ejercer nuestro derecho a la libertad de expresión sin miedo a ser silenciadas.

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